COMM

Tras haber formulado las preguntas estratégicas, ahora debemos articular las respuestas. No lo hacemos para informar a nuestros adversarios, sino para demostrarles, y a nosotros mismos, que ya poseemos las respuestas y que nuestra posición es inexpugnable. Esta certeza es la base de nuestra fuerza, tanto en un litigio como en nuestra propuesta de mediación.

Cuando le preguntamos a la empresa responsable por los informes éticos sobre su tecnología de vigilancia emocional, lo hacemos sabiendo que no tienen una respuesta satisfactoria. Si tal informe existe, su contenido, obtenido a través del proceso de “discovery”, sería devastador para ellos en un tribunal y en la opinión pública. Si no existe, demuestra una negligencia dolosa al más alto nivel. Su plan de contingencia para la nulidad de su contrato de usuario en Europa es, con toda probabilidad, inexistente, ya que invalidar ese contrato no requiere un ajuste, sino la demolición y reconstrucción de todo su modelo de negocio. El riesgo existencial de ser percibidos globalmente no como una empresa tecnológica, sino como una empresa de vigilancia, es un riesgo que no pueden cuantificar, pero nosotros sí podemos ofrecerles una salida a través de una mediación controlada.

Cuando nos dirigimos al sector público, sus respuestas son igualmente previsibles y perjudiciales para ellos. Sabemos que nunca realizaron un análisis de coste-beneficio adecuado entre los supuestos beneficios económicos de la plataforma y el daño sistémico a la competencia y a los derechos de los ciudadanos. Los informes de evaluación de riesgos que precedieron a las fusiones clave, si es que existen, son con toda seguridad inadecuados y su publicación sería una fuente de gran bochorno político. Podemos afirmar con certeza que sus ministerios de hacienda no han provisionado fondos para cubrir la responsabilidad del Estado por su inacción, y nuestra campaña está diseñada precisamente para obligarles a confrontar este riesgo fiscal masivo y no cuantificado. Están atrapados entre sus fracasos pasados y el coste futuro de los mismos.

En cuanto a las preguntas que planteamos a las víctimas en nuestra campaña, las respuestas son el motor de nuestra acción colectiva. No, el servicio nunca fue gratuito; el precio fue la mercantilización de su vida privada. No, al aceptar los términos, no firmaron un contrato justo; sin saberlo, se convirtieron en el producto. Nuestra labor es transformar la indignación que estas respuestas generan en un poder colectivo unificado que exija una compensación real.

Esto nos lleva a la respuesta de las preguntas finales, las que guían a todas las partes hacia nuestra solución. Ningún tribunal o regulador aislado puede ofrecer una resolución completa a esta disputa global y multifacética; el único resultado posible por esa vía es una década de batallas legales inconexas y prohibitivamente caras para todos. Y así llegamos a la respuesta definitiva: la única entidad capaz de diseñar una solución integral es aquella que ya ha realizado el trabajo de cartografiar los daños, identificar a todas las partes, comprender la tecnología, construir los argumentos legales y crear el marco para un acuerdo. La única entidad capaz de responder a todas las preguntas, para todas las partes, somos nosotros. Es por eso que, al final, la mediación que proponemos no será vista como una opción, sino como la única salida racional a un conflicto que, de otro modo, no tiene solución.

Tras haber formulado las preguntas estratégicas, ahora debemos articular las respuestas. No lo hacemos para informar a nuestros adversarios, sino para demostrarles, y a nosotros mismos, que ya poseemos las respuestas y que nuestra posición es inexpugnable. Esta certeza es la base de nuestra fuerza, tanto en un litigio como en nuestra propuesta de mediación.

Cuando le preguntamos a la empresa responsable por los informes éticos sobre su tecnología de vigilancia emocional, lo hacemos sabiendo que no tienen una respuesta satisfactoria. Si tal informe existe, su contenido, obtenido a través del proceso de “discovery”, sería devastador para ellos en un tribunal y en la opinión pública. Si no existe, demuestra una negligencia dolosa al más alto nivel. Su plan de contingencia para la nulidad de su contrato de usuario en Europa es, con toda probabilidad, inexistente, ya que invalidar ese contrato no requiere un ajuste, sino la demolición y reconstrucción de todo su modelo de negocio. El riesgo existencial de ser percibidos globalmente no como una empresa tecnológica, sino como una empresa de vigilancia, es un riesgo que no pueden cuantificar, pero nosotros sí podemos ofrecerles una salida a través de una mediación controlada.

Cuando nos dirigimos al sector público, sus respuestas son igualmente previsibles y perjudiciales para ellos. Sabemos que nunca realizaron un análisis de coste-beneficio adecuado entre los supuestos beneficios económicos de la plataforma y el daño sistémico a la competencia y a los derechos de los ciudadanos. Los informes de evaluación de riesgos que precedieron a las fusiones clave, si es que existen, son con toda seguridad inadecuados y su publicación sería una fuente de gran bochorno político. Podemos afirmar con certeza que sus ministerios de hacienda no han provisionado fondos para cubrir la responsabilidad del Estado por su inacción, y nuestra campaña está diseñada precisamente para obligarles a confrontar este riesgo fiscal masivo y no cuantificado. Están atrapados entre sus fracasos pasados y el coste futuro de los mismos.

En cuanto a las preguntas que planteamos a las víctimas en nuestra campaña, las respuestas son el motor de nuestra acción colectiva. No, el servicio nunca fue gratuito; el precio fue la mercantilización de su vida privada. No, al aceptar los términos, no firmaron un contrato justo; sin saberlo, se convirtieron en el producto. Nuestra labor es transformar la indignación que estas respuestas generan en un poder colectivo unificado que exija una compensación real.

Esto nos lleva a la respuesta de las preguntas finales, las que guían a todas las partes hacia nuestra solución. Ningún tribunal o regulador aislado puede ofrecer una resolución completa a esta disputa global y multifacética; el único resultado posible por esa vía es una década de batallas legales inconexas y prohibitivamente caras para todos. Y así llegamos a la respuesta definitiva: la única entidad capaz de diseñar una solución integral es aquella que ya ha realizado el trabajo de cartografiar los daños, identificar a todas las partes, comprender la tecnología, construir los argumentos legales y crear el marco para un acuerdo. La única entidad capaz de responder a todas las preguntas, para todas las partes, somos nosotros. Es por eso que, al final, la mediación que proponemos no será vista como una opción, sino como la única salida racional a un conflicto que, de otro modo, no tiene solución.

De acuerdo. He asimilado los nuevos documentos y la decisión estratégica de actuar como mediadores. Este es un giro brillante que aprovecha toda nuestra labor anterior. A continuación, presento el rediseño de nuestra Propuesta No Solicitada (USP) y los pasos a seguir, transformando nuestra estrategia de “contratación bajo presión” en una de “resolución a través de la mediación”.

Nuestra campaña de presión mediática y política continuará, pero su propósito ahora se reenfoca. El objetivo ya no es forzar al sector público a que nos contrate como consultores, sino demostrar a todas las partes —a Meta, a los organismos reguladores del Reino Unido y de la UE, y a los representantes de los demandantes— que el actual camino de litigios fragmentados y acciones regulatorias aisladas es insostenible. Destacaremos la inmensa complejidad, el coste y la incertidumbre de años de batallas legales en múltiples jurisdicciones. Nuestra campaña demostrará que el conflicto es un nudo gordiano que los métodos tradicionales no pueden desatar, haciendo que la necesidad de una solución alternativa e innovadora sea evidente y urgente para todos.

Una vez que la intratabilidad del conflicto sea innegable, presentaremos nuestra Propuesta No Solicitada para una Mediación. Esta propuesta se enviará simultáneamente a los directores jurídicos de Meta, a los altos cargos de la CMA y la ICO en el Reino Unido, a las Direcciones Generales pertinentes de la Comisión Europea y a los bufetes que representan a las clases de demandantes. La propuesta no será una oferta de servicios, sino la presentación de una solución integral a un problema compartido.

El documento se titulará “Propuesta para un Marco de Mediación Multipartita para la Resolución de la Disputa del Mercado Digital Paneuropeo Relativa a las Plataformas de Meta”. Comenzará resumiendo la compleja red de daños y perjuicios que hemos identificado, enfatizando los enormes riesgos financieros y reputacionales que corren todas las partes si el conflicto continúa. A continuación, propondremos un proceso de mediación estructurado, facilitado por COCOO como tercera parte neutral y experta.

Este proceso constará de tres fases. Primero, una fase de “Mapeo de Perjuicios”, en la que utilizaremos nuestro conocimiento privilegiado para presentar un análisis completo de todas las clases de víctimas y un marco para cuantificar sus daños. Segundo, una fase de “Negociaciones Facilitadas”, en la que organizaremos y dirigiremos sesiones de negociación para encontrar un terreno común. El objetivo final, en la tercera fase, es la redacción de un “Acuerdo de Resolución Integral”, un único acuerdo vinculante que proporcione una compensación justa a las víctimas, imponga a Meta remedios conductuales específicos y verificables, y establezca un nuevo marco de cumplimiento.

El argumento central de nuestra propuesta es que COCOO es el único mediador viable. Ninguna firma de mediación tradicional ni organismo público posee el activo de conocimiento que hemos desarrollado: la comprensión integrada de los aspectos legales, económicos y técnicos de este caso. Somos la única entidad que entiende las posiciones y los intereses de todas las partes. Nuestra neutralidad se basa en nuestro objetivo declarado de alcanzar una solución equitativa para todo el ecosistema, no en la victoria de una parte sobre otra. La propuesta concluirá con una invitación a todas las partes para que acepten participar en este proceso voluntario como la vía más lógica, eficiente y constructiva para resolver este conflicto histórico.